El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare admitió la acción de tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación que exige el amparo de los derechos a la educación, la dignidad humana, la salud y la seguridad alimentaria de 3.297 beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar de Residencias Escolares (Internados).

Según información suministrada por el departamento del Guaviare, el Gobierno Nacional solo asignó para la vigencia fiscal 2023 cerca de $ 8.475 millones que resultan insuficientes para garantizar la atención de la estrategia de alimentación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en los internados guaviarenses.

Señala la tutela que el problema es tan grave que, parte de los rectores de las instituciones educativas, miembros de la Unión Sindical de Directivos de la Educación en el Guaviare (USDE), solicitaron acciones inmediatas para evitar la deserción escolar y el posible reclutamiento ilegal ante la suspensión del suministro de alimentación escolar a esta población, ubicada en las residencias estudiantiles.

Por ello, la Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare también solicitó que se conmine a las entidades competentes para que no se repita esta situación y, en lo sucesivo, se garantice este servicio desde el primer día del calendario escolar.