De acuerdo con ACEMI, gremio que representa a las empresas aseguradoras de salud de Colombia, con el proyecto de reforma presentado esta semana por la Ministra de Salud Carolina Corcho, las EPS desaparecen del modelo y no es claro quien asume la gestión del aseguramiento de los pacientes. “No se trata de una reforma ni una evolución. Lo que propone el Gobierno es un nuevo modelo de salud que arrancaría de cero”, señala la agremiación.

Muchas preocupaciones se generan a raíz de este proyecto, y el gremio resalta algunas de ellas:

Decir que las EPS son prestadoras de servicios de salud equivale a eliminarlas, mantener el nombre de las EPS no significa mantener su rol de aseguradores, el proyecto fragmenta sus funciones y las divide entre diferentes entidades, lo cual podría generar un gran caos dentro del Sistema.

Nadie asume la responsabilidad y la función de gestionar el riesgo en salud. Ambas desaparecen.

Se traslada la responsabilidad de conformar, coordinar y articular la red de servicios a las secretarías de salud de las entidades territoriales departamentales y municipales. (Entre 2018 y 2019, las secretarías departamentales de salud sólo lograron verificar y habilitar el 3% de las redes de prestación estructurada por las EPS).

Para conformar la red de servicios, las entidades territoriales tendrán que coordinarse con cinco instancias diferentes. Implica en la vida práctica coordinarse con más de 60 personas con múltiples intereses y perfiles poco técnicos lo cual genera un alto riesgo de inoperancia.

No es claro cómo se vinculará la red de especialistas que trabajan actualmente desde sus consultorios en este nuevo escenario, su contratación estará sujeta a las decisiones del gerente del fondo regional.

Preocupa que se reduzca la calidad de los servicios para ajustar el costo al manual tarifario, sin que nadie supervise la calidad.

Se establece un plan de equipamiento a 10 años, mientras que la transición se llevará a cabo en un plazo inferior. Los denominados CAPIRS (Centros de Atención Primaria Integral y Resolutiva en Salud), que serían la puerta de entrada al sistema, no estarán listos a tiempo.

La ADRES manejará los recursos temporalmente, mientras las entidades territoriales asumen gradualmente la competencia de los recursos. Es decir, los recursos de la salud serán entregados a alcaldías y gobernaciones.

Se crean más de 19 instancias asesoras, de planeación, seguimiento y participación, con financiamiento propio, decisiones vinculantes, alto riesgo de corrupción, politización e ineficiencia.

El proceso de transición en realidad es un proceso de liquidación de las EPS, en donde no son claras muchas cosas:
• Las EPS que estén cumpliendo con los requisitos de habilitación están obligadas a continuar funcionando hasta hacer una entrega ordenada de sus afiliados a los CAPIRS. ¿Cuánto tiempo tomará?, ¿están obligadas las EPS a quedarse sin tener las herramientas para gestionar la salud de sus afiliados?
• Deberán hacer un proceso de territorialización de acuerdo con lo que señale el Minsalud, esto implica cesión y asignación de afiliados de manera masiva con los traumatismos que estos procesos generan en temas operativos y financieros asociados. ¿Cuáles son los territorios?, ¿quién los define? ¿Con base en qué estudios?
• Dada la complejidad del Sistema de Salud, preocupa una transformación tan incompleta confusa e improvisada.
• Por último, Acemi llama la atención sobre las facultades extraordinarias planteadas en el proyecto que le da poder al presidente para, en seis meses contados a partir de la expedición de la ley, “modificar y complementar las normas en materia de salud pública”.

El Gobierno desconoce que la mayoría de los ciudadanos confían y respaldan el trabajo de su EPS, no quieren que desaparezca, quieren que mejore. Acemi reafirma su compromiso con el diálogo técnico, informado y transparente y confía en el debate amplio y suficiente que se genere en el Congreso de la República para lograr que el sistema de salud realmente evolucione.