Un equipo de la Defensoría del Pueblo brinda acompañamiento a los familiares de las 12 víctimas mortales, de las 9 desaparecidas y de las decenas de damnificados por cuenta de la tragedia invernal en la vereda San Miguel del municipio de Mallama, en el departamento de Nariño.
“Nos solidarizamos con las familias afectadas por esta tragedia y pedimos a las autoridades que refuercen su atención a los damnificados y que además desplieguen acciones para evitar que hechos como estos se repitan en otras regiones del país, donde el invierno ha incrementado los riesgos de afectación a las comunidades. La vida de las personas es lo primero”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Justamente, un grupo de funcionarios de la Regional Nariño de la Defensoría del Pueblo se trasladó hasta Mallama para verificar que los afectados de la avalancha reciban la atención debida, de manera particular para que se garanticen los derechos de quienes perdieron sus viviendas, y para coordinar con las autoridades la atención humanitaria de emergencia.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo les recordó a las entidades del Estado la prioridad para disponer de los recursos necesarios para que, de manera pronta, se garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada de la población afectada por los desastres naturales y para prevenir sucesos de este tipo.
El Ideam señala que los pronósticos de lluvias para noviembre serán entre 40% y 60% por encima de los registros históricos en el norte de La Guajira y el centro del litoral caribe colombiano, en el Magdalena y Atlántico; entre 20%y 40% en el resto de estos departamentos y en el Cesar; 10% y 20% en Bolívar, Sucre y Córdoba, y una situación similar en Norte de Santander, el centro y el norte del Huila, Quindío y el altiplano cundiboyacense.
“Estas precipitaciones podrían originar desastres naturales como el que estamos viendo en Mallama y las situaciones de vulnerabilidad en el país se intensifican especialmente en aquellas poblaciones que habitan en zonas de alto riesgo, afectando sus derechos humanos, entre ellos, el derecho a una vivienda digna, particularmente de las comunidades más vulnerables”, dijo Carlos Camargo.
Finalmente, el Defensor del Pueblo solicitó al Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres y a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal que adopten las medidas que consideren necesarias para prevenir afectaciones de los sucesos naturales que pongan en riesgo la integridad física y la vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
“De no atender las instrucciones de los comités territoriales de gestión del riesgo -los cuales deben establecer medidas para el conocimiento y reducción del riesgo y el manejo de los desastres-, las poblaciones que habitan en zonas de alto riesgo de todo el país enfrentarán enormes dificultades que amenazan con vulnerar sus derechos, su integridad y sus vidas”, agregó el Defensor del Pueblo.
