El impuesto de solidaridad, el cual deberán pagar servidores públicos del país, cuyo sueldo supere los 10 millones pesos, serán aportados por 21 mil empleados de nómina y carrera administrativa del Estado.

El Departamento de la Función Pública, precisó que de los 21.200 servidores públicos, el 90,68%, es decir, 19.226 son empleados de la Nación, y 1.975 pertenecen a los territorio nacionales.

Este decreto, que excluye a los miembros de las Fuerzas Militares, aplicará para 12.664 de la Rama Judicial, que contempla a 105 funcionarios de la Corte Constitucional, 393 del Consejo de Estado, 334 de la Corte Suprema de Justicia, 153 del Consejo Superior de la Judicatura, 5.440 de los tribunales y juzgados, 6.229 de la Fiscalía General y 10 de Medicina Legal.

En lo que corresponde a la Rama Ejecutiva, son 4.145 funcionarios; y de la Legislativa, 298 servidores, 110 senadores y 188 de la Cámara de Representantes.

De los organismos de control aplicará a 1.662 servidores públicos, 444 de la Contraloría, 1.148 de la Procuraduría 1.148. De la Defensoría del Pueblo 17 servidores, de la Auditoría General, 46, y del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría, siete empleados.

En cuanto a la Organización Electoral, son 88 empleados de la Registraduría, y del Consejo Nacional Electoral, otros 10.