El Consejo de Estado condenó a la nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, a pagar 23 mil millones de pesos de indemnización a las familias de los 11 diputados del Valle del Cauca que fueron secuestrados en abril de 2002 y asesinados por las Farc cinco años después, en 2007, mientras permanecían en cautiverio.
La decisión fue tomada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo al revisar un fallo de una acción de grupo proferido por el Tribunal Administrativo del Valle.
En la sentencia de 207 hojas, el Consejo de Estado concluyó que “la muerte en cautiverio de los 11 diputados es una consecuencia directa de la omisión en el cumplimiento del deber de protección que le asistía a la Policía Nacional, quien a través de su -no actuar- permitió que los exdiputados fueran tomados como rehenes, y de allí se creara el ambiente de desprotección para que en cualquier momento su vida se cegara a manos de los captores”.
Además, el Consejo de Estado advirtió que “si dicho incumplimiento no hubiese tenido lugar, el resultado podría haberse evitado”.
Del secuestro y posterior asesinato de los asambleístas, el único sobreviviente fue Sigifredo López, quien fue liberado en febrero de 2009.
Las víctimas de estos hechos cometidos por las Farc fueron los diputados: Nacianceno Orozco, Héctor Fabio Arizmendi, Ramiro Echeverry, Juan Carlos Narváez, Carlos Alberto Barragán, Jairo Javier Hoyos, Rufino Varela, Francisco Javier Giraldo, Édison Pérez, Carlos Alberto Charry y Alberto Quintero.
