En coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y cumpliendo con el mandato constitucional de transparencia, publicidad, responsabilidad y eficiencia, el Ministerio de Justicia y del Derecho presentó este martes el ‘Informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019’.
Dicho reporte se elaboró en el marco del Proyecto SIMCI, modelo de monitoreo centrado en la evidencia y creado en 1999, que financia el Gobierno de Colombia, y que se actualiza permanentemente con el apoyo técnico y estratégico de la cartera que lidera Margarita Cabello Blanco.
“El informe deja ver la interrupción de la tendencia al aumento en los cultivos de coca que se presentó entre 2014 y 2018, y también demuestra que sigue en marcha el proceso de estabilización de cultivos con legalidad, emprendimiento y equidad para todos”, destacó la Ministra Cabello.
La alta funcionaria añadió que los esfuerzos para reducir los cultivos ilícitos y su productividad, y para lograr el tránsito de las regiones afectadas por dichos cultivos hacia economías lícitas, se coordinan articuladamente bajo los lineamientos de ‘Ruta Futuro’, política Integral para enfrentar el problema de las drogas y formulada por el Gobierno del presidente Iván Duque Márquez.
“Estos esfuerzos han permitido reducir en un 9% en el área sembrada con coca en el país, pasando de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019”, confirmó la ministra, quien precisó que para el Gobierno Nacional, la reducción del narcotráfico es una condición para alcanzar la paz con legalidad.
“Los cultivos ilícitos constituyen el combustible de una economía ilegal que genera las condiciones para la aparición, financiación y crecimiento de organizaciones criminales que afectan el bienestar de todos los colombianos. Por ello no daremos ni un paso atrás para lograr su reducción”, aseguró.
La titular de la cartera de Justicia manifestó que más allá de medir el área sembrada con coca en Colombia, el informe presentado este martes ofrece al Gobierno Nacional y a la comunidad interesada un análisis integral de afectación de las zonas de manejo especial, de interés estratégico y de libre intervención, permitiendo la comprensión del fenómeno y de sus implicaciones sociales y económicas en las comunidades más vulnerables.
“Este es un insumo fundamental para formular acciones desde el ámbito de la política pública, dirigir las intervenciones en la reducción de la oferta de drogas y suministrar la información oficial a través del Observatorio de Drogas de Colombia que coordina el Ministerio de Justicia”, indicó.
