La Procuraduría General de la Nación solicitó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, entregar “a la mayor brevedad”, un informe de todas las investigaciones por abusos o violencia sexual, que comprometen a miembros de esas instituciones.

La petición fue hecha tras conocerse el caso de la niña de 12 años del pueblo indígena embera-chamí, violada por siete militares del Batallón de Artillería San Mateo, en el caserío de Santa Cecilia, en el departamento de Risaralda. Posterior a ello, el pasado lunes, trascendió que otros dos soldados presuntamente secuestraron y violaron a una niña de la tribu nómada nukak makú, en septiembre del año pasado en el selvático departamento del Guaviare.

La Procuraduría pidió a los comandantes de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y de la Policía, general Óscar Atehortúa, un informe que especifique “la fecha y lugar de ocurrencia de los hechos, la identificación y ubicación de la presunta víctima”; además, el documento debe tener “la información de los supuestos victimarios, de la autoridad penal a la que se remitió, si se inició actuación disciplinaria y el estado en que se encuentra cada expediente”.

A través de un comunicado, el Ministerio Público agregó que, “Para la Procuraduría resulta preocupante que por denuncias públicas se haga referencia a eventos en los que presuntamente miembros de la fuerza pública y de la Policía podrían haber victimizado no solo a niñas de comunidades indígenas sino a mujeres adultas u otras personas”.