La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) enfrenta nuevos cuestionamientos por presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro. Un informe interno señala posibles planes de espionaje a expresidentes, intentos de interferir en las elecciones presidenciales y anomalías en contratos tecnológicos.
El documento tiene 26 páginas y fue elaborado en julio de 2026. Según la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, el expediente reúne reportes sobre el funcionamiento de la entidad y sus operaciones durante la anterior administración.
Las denuncias también incluyen la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, un funcionario de la DNI señalado de participar en ataques informáticos contra entidades estatales.
Denuncian posibles seguimientos a expresidentes
Uno de los puntos del informe se relaciona con el decreto 0563 del 3 de junio de 2026. Según el documento, la disposición habría otorgado a la DNI facultades para participar en la asignación de vehículos destinados a la protección de expresidentes.
El expediente cuestiona esa decisión. Considera que no tendría suficiente sustento técnico y advierte sobre un posible uso de esa función para realizar labores de vigilancia.
Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, señaló que intervenir vehículos mediante cámaras, micrófonos o dispositivos de rastreo excedería las competencias legales de la entidad.
Contratos de la DNI bajo revisión
El informe también expone cuestionamientos sobre compras y equipos tecnológicos. Entre ellos aparece un helicóptero no tripulado adquirido por cerca de $9.000 millones.
Según el documento, el aparato habría presentado fallas en sus sistemas de comunicación, combustible, transmisión y motor. Estos problemas habrían obligado a cancelar un vuelo de prueba.
Además, el equipo sufrió un siniestro en marzo de 2026. El expediente también cuestiona el valor de su seguro, que habría sido de $900 millones.
Por otra parte, la Contraloría General anunció la revisión de cinco contratos de la DNI por aproximadamente $20.783 millones.
Entre las adquisiciones bajo revisión están tres sistemas antidrones, computadores, equipos tecnológicos y otros elementos para las labores de inteligencia. El organismo busca establecer si hubo fallas técnicas, incumplimientos o posibles sobrecostos.
Funcionario de la DNI habría participado en ataques informáticos
Otro apartado del expediente menciona a Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas vinculado a la entidad desde febrero de 2024.
Los informes internos lo señalan de participar en una presunta red que habría buscado vulnerar sistemas informáticos estatales. También le atribuyen un supuesto plan para atacar la infraestructura tecnológica de la Registraduría durante las elecciones presidenciales de 2026.
Según la información divulgada por Noticias Caracol, Oyola tenía una orden de captura emitida el 7 de mayo de ese año. Las autoridades lo habrían detenido el 6 de noviembre en Neiva.
La investigación también menciona posibles irregularidades en accesos a sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), así como otros señalamientos relacionados con delitos informáticos.
Sin embargo, las responsabilidades penales todavía deben establecerse. Las autoridades continúan con las investigaciones.
Hay versiones distintas sobre las denuncias electorales
Las revelaciones también generaron reacciones desde el Gobierno y sectores políticos.
El vicepresidente José Manuel Restrepo pidió a los organismos de control investigar los hechos y establecer posibles responsabilidades.
Por su parte, el senador Iván Cepeda cuestionó las denuncias sobre una supuesta manipulación electoral. Aseguró que buscan poner en duda el resultado de las elecciones y sostuvo que la Registraduría ha descartado una intrusión o un hackeo que alterara los resultados.
EL HERALDO informó que consultó a varios expresidentes, a los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro y a la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Sin embargo, no obtuvo respuesta oficial.
Por ahora, las denuncias están sujetas a las verificaciones de las autoridades. La revisión de los contratos y las investigaciones judiciales deberán determinar si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.