Riesgos en contrato de Air-e fueron identificados por la Procuraduría General de la Nación durante el seguimiento preventivo al acuerdo firmado con la empresa china China National Machinery Exports and Imports Corporation, CMC.
El contrato puede alcanzar los $2 billones y contempla recursos relacionados con proyectos de infraestructura eléctrica de Air-e. La Procuraduría analiza sus posibles efectos financieros y operativos sobre la empresa y la prestación del servicio.
El Ministerio Público señaló que ya solicitó información a Air-e y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. También revisó el contrato, sus anexos y los documentos recopilados durante el seguimiento.
Procuraduría revisa el contrato de Air-e
La entidad busca reconstruir la trazabilidad de la negociación que terminó con la firma del acuerdo con CMC. El contrato fue suscrito el 19 de agosto de 2026 por el agente especial de Air-e, Jaime Humberto Mesa Buitrago.
La revisión incluye las actuaciones de los agentes especiales que han estado al frente de la empresa durante el proceso de intervención.
En este grupo aparecen Edwin Palma Egea, Diana María Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres, Tania Patricia Peñaranda Zuleta y Jaime Humberto Mesa Buitrago.
La Procuraduría busca establecer qué decisiones tomó cada administración y cómo se estructuró el negocio con la compañía china. También analiza los riesgos asociados al acuerdo.
¿Qué preocupa a la Procuraduría?
El organismo de control identificó aspectos que requieren seguimiento por sus posibles efectos sobre las finanzas de Air-e y la continuidad del servicio de energía.
La actuación tiene carácter preventivo. Por ahora, la Procuraduría no ha establecido responsabilidades individuales ni ha señalado que el contrato constituya una irregularidad.
El objetivo consiste en determinar las condiciones bajo las cuales se negoció y firmó el acuerdo. También busca establecer si las decisiones adoptadas generaron riesgos para la empresa intervenida.
Air-e y el acuerdo con la empresa china
Air-e presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La compañía se encuentra bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El acuerdo con CMC había sido presentado como una alternativa para gestionar financiación destinada a proyectos de modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en estos tres departamentos.
Una información previa de El Heraldo señaló que el acuerdo inicialmente fue presentado con una financiación de hasta $1 billón. La Procuraduría ahora se refiere a un valor que puede alcanzar los $2 billones.
Por eso, el Ministerio Público mantiene la revisión sobre las condiciones financieras y operativas del negocio.
Procuraduría continuará el seguimiento
La entidad indicó que mantendrá su vigilancia preventiva sobre Air-e, el contrato y las decisiones que se adopten frente a la empresa intervenida.
El seguimiento hace parte de la estrategia denominada “Paz Energética”, mediante la cual la Procuraduría busca anticipar riesgos que puedan afectar la prestación del servicio.
La revisión continuará mientras el Ministerio Público establece cómo se desarrolló la negociación y cuáles pueden ser sus efectos para Air-e y el servicio de energía en la región Caribe.