Las tutelas contra el presidente de la República, Abelardo De la Espriella, volverán a ser repartidas en primera instancia al Consejo de Estado en los casos establecidos por la nueva normativa.
La medida quedó establecida en el Decreto 1446 del 28 de septiembre de 2026, firmado por el mandatario y el ministro de Justicia, Iván Cancino. La norma modifica las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015.
¿Qué cambia con el nuevo decreto?
El decreto establece que las acciones de tutela dirigidas contra actuaciones u omisiones del Presidente de la República, cuando estén relacionadas con el ejercicio de sus funciones, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia al Consejo de Estado.
La regla también contempla los casos en los que la tutela señale al Presidente junto con otras autoridades públicas o particulares.
Además, incluye acciones relacionadas con las competencias que la Constitución asigna al jefe de Estado en el artículo 189.
Para determinar el reparto, el decreto establece un criterio formal basado en las autoridades o personas que aparezcan como accionadas en la solicitud. Esto no implica un pronunciamiento previo sobre su responsabilidad o legitimación dentro del proceso.
¿Qué pasa con las demás tutelas?
La regla general para las acciones contra autoridades, organismos o entidades públicas del orden nacional se mantiene. Estos procesos continuarán siendo repartidos a los jueces del circuito o de igual categoría.
También se mantiene una regla específica para las tutelas relacionadas con actuaciones, políticas, programas o estrategias del Gobierno nacional sobre la erradicación de cultivos ilícitos. En estos casos, el reparto continuará correspondiendo a los jueces del circuito, salvo las situaciones contempladas expresamente por el decreto.
Cambio frente a las reglas de 2025
El Decreto 1446 modifica el esquema que había sido establecido en 2025. Durante el Gobierno de Gustavo Petro, el Decreto 0799 trasladó el reparto de estas acciones a los jueces de circuito.
Con la nueva disposición, el Gobierno de De la Espriella retoma el reparto al Consejo de Estado para las tutelas que involucren directamente actuaciones u omisiones del Presidente en ejercicio de sus funciones.
El Ministerio de Justicia sostiene que la modificación corresponde a una regla administrativa de reparto. El decreto señala que no crea ni modifica factores de competencia, instancias, recursos o las atribuciones jurisdiccionales del Consejo de Estado.
Por tanto, el cambio determina qué autoridad recibe inicialmente determinados procesos, pero no modifica el derecho constitucional de presentar acciones de tutela ni determina el resultado de los procesos.