Un proyecto de ley para trasladar $12 billones del Presupuesto General de la Nación 2026 plantea destinar recursos a la situación financiera de Air-e, empresa intervenida que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La propuesta llega en medio de las dificultades financieras que enfrenta la compañía y de las alertas del sector eléctrico sobre las deudas acumuladas con otros agentes del mercado.
El proyecto busca que el Congreso estudie una modificación de las apropiaciones presupuestales para atender las obligaciones relacionadas con Air-e. La iniciativa todavía debe surtir el trámite legislativo correspondiente.
¿Qué plantea el proyecto sobre Air-e?
La propuesta plantea trasladar recursos del presupuesto vigente para atender la deuda asociada a Air-e.
El objetivo expuesto es aportar recursos que permitan responder por las obligaciones de la empresa y reducir la presión financiera sobre la cadena de generación y comercialización de energía.
La situación de Air-e también preocupa por sus posibles efectos sobre otros participantes del mercado eléctrico. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica ha señalado que la deuda de los comercializadores afecta la liquidez necesaria para mantener la operación de las plantas.
Por ahora, el traslado de los $12 billones corresponde a una propuesta legislativa. Su aprobación dependerá de la discusión y votación en el Congreso.
La deuda de Air-e genera alertas en el sector eléctrico
Air-e atiende a usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira. La empresa permanece bajo intervención estatal debido a su situación financiera.
En septiembre, Acolgen señaló que la deuda del mercado eléctrico rondaba los $4 billones. De ese monto, cerca de $2,3 billones correspondían a obligaciones con generadores, según declaraciones de su presidenta, Natalia Gutiérrez.
La dirigente gremial advirtió que buena parte de esa cartera está concentrada en plantas térmicas y mixtas. Estas requieren liquidez para adquirir combustibles y mantener su capacidad de generación.
La situación adquiere mayor relevancia ante las condiciones de sequía y las previsiones de mayor demanda energética.
Gobierno ya destinó recursos para mantener el servicio
El Gobierno nacional también ha anunciado medidas para garantizar la continuidad del servicio de energía en la región Caribe.
En septiembre, Presidencia informó que destinó $1,5 billones para respaldar la continuidad del servicio mientras se realiza una revisión integral del modelo eléctrico de la región.
Ese antecedente muestra que la crisis de Air-e ya ha requerido mecanismos extraordinarios de respaldo financiero.
Además, la Corte Constitucional ha documentado que la situación financiera de Air-e generó preocupaciones por sus posibles efectos sobre otros agentes del mercado eléctrico. En una decisión de 2026, la Corte reseñó obligaciones de la empresa con agentes del mercado y advertencias sobre un posible riesgo sistémico.
¿Qué falta para que los recursos sean aprobados?
El proyecto debe avanzar por el trámite establecido para las iniciativas de ley en el Congreso.
Durante ese proceso, las comisiones y las plenarias deberán analizar la fuente de los recursos, las partidas que se modificarían y el mecanismo para atender las obligaciones relacionadas con Air-e.
La discusión también tendrá lugar en un contexto de restricciones fiscales. El Presupuesto General de la Nación y sus modificaciones deben ajustarse a las reglas presupuestales y de sostenibilidad fiscal.
Por ahora, la propuesta de trasladar $12 billones no significa que ese dinero ya esté disponible para pagar las obligaciones de Air-e.
El debate definirá si el Congreso aprueba el traslado y bajo qué condiciones se podrían utilizar los recursos.