Las transferencias para afectados por el terremoto tendrán menos verificaciones en los municipios golpeados por el sismo del 10 de agosto de 2026.
La medida busca evitar que los beneficiarios pierdan o retrasen sus pagos por problemas derivados de la emergencia.
El Gobierno adoptó la decisión mediante el Decreto Legislativo 1426 del 17 de septiembre de 2026. La norma permite a Prosperidad Social suspender temporalmente algunas verificaciones y corresponsabilidades.
La suspensión aplica cuando esas comprobaciones dependan de infraestructura, servicios o sistemas de información afectados por el terremoto.
¿Qué programas están incluidos?
La medida cobija cuatro programas administrados por Prosperidad Social:
- Renta Ciudadana.
- Compensación del IVA.
- Colombia Mayor.
- Renta Joven.
En los municipios con afectación directa, Prosperidad Social reporta 258.018 hogares de Renta Ciudadana y 237.363 hogares de Compensación del IVA.
También registra 1.255.622 personas vinculadas a Colombia Mayor y 64.107 beneficiarios de Renta Joven.
Estas cifras no representan un total de personas. Un beneficiario puede aparecer en más de un programa.
La medida no crea un nuevo subsidio
El decreto no establece un nuevo pago ni aumenta el valor de las transferencias existentes.
Su objetivo consiste en proteger la continuidad de los pagos para quienes ya eran beneficiarios al momento del terremoto.
Por eso, la flexibilización no significa que cualquier persona pueda ingresar automáticamente a estos programas.
Además, la suspensión tampoco será automática en todos los municipios afectados. Prosperidad Social deberá definir mediante actos administrativos dónde aplica y cuáles verificaciones quedarán suspendidas.
¿Cuánto tiempo puede durar la medida?
El Gobierno estableció que la facultad excepcional puede extenderse hasta por 12 meses.
Sin embargo, Prosperidad Social deberá levantar progresivamente la medida cuando se recuperen la infraestructura, los servicios y los sistemas necesarios para realizar las verificaciones.
El objetivo es evitar que las consecuencias del terremoto generen una pérdida de las transferencias por razones que no dependen de los beneficiarios.
Terremoto afectó a cientos de municipios
El sismo del 10 de agosto tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.
Según los reportes citados por el Gobierno, el terremoto dejó afectaciones directas en 496 municipios de 16 departamentos.
Los registros incluidos en el decreto contabilizaban 196.614 familias y 406.963 personas damnificadas. También reportaban daños en viviendas, colegios, centros de salud, vías y otros servicios.
La emergencia también afectó los sistemas utilizados para verificar condiciones como matrícula educativa, controles médicos, vacunación y otras corresponsabilidades.
Con la nueva medida, Prosperidad Social podrá mantener los pagos cuando esas verificaciones no puedan realizarse temporalmente por causas relacionadas con el terremoto.