El Comité Intergremial de Energía y Gas lanzó una nueva alerta sobre una “crisis sistémica” que puede afectar el suministro de energía eléctrica en el país.
Una de las situaciones que podría conllevar a este panorama corresponde a la toma de posesión de Air-e, puesto que generó el congelamiento de deudas previas y el atraso en el pago de las obligaciones corrientes, que superan $500 mil millones.
“Se han anunciado y tomado medidas que ponen en riesgo la prestación del servicio de energía, tal como la habilitación de la posibilidad de no pago de obligaciones del mercado hasta finales de año”, sostuvo el gremio a través de un comunicado conjunto.
Asimismo, el Comité Intergremial expuso que es necesario que se honren los compromisos de pago de la empresa, incluyendo a los demás agentes de la cadena, a través del Fondo Empresarial de la Superservicios.
Además instó a evaluar, previo a su anuncio o emisión, los impactos que cada medida puede tener. A eso se debe sumar la atención a la situación “estructural” del Caribe colombiano, “aplicando medidas ya planteadas como el pago de los subsidios, la opción tarifaria, la deuda oficial y recursos adicionales para mitigar el cobro de pérdidas a usuarios, entre otras”.
El gremio del sector energético también hizo un llamado para que se anexe en los pagos de subsidios y opción tarifaria a empresas comercializadoras de energía. Expusieron que a algunas empresas sus niveles de liquidez pueden afectar la prestación del servicio.
Además, recalcaron que a 30 de septiembre, el Gobierno adeuda a cerca de $2,5 billones por concepto de subsidios: “mes a mes, hasta ahora, han sido otorgados a los usuarios de estratos 1, 2 y 3″.
Dicho saldo se suma a la opción tarifaria, que se encuentra en cerca de $4 billones, y a las deudas de usuarios oficiales.
“Es decir, el monto total adeudado es cercano a $7 billones, que podría incrementarse”, expuso el Comité Intergremial.
En la misma línea, este gremio indicó que hay déficit en la apropiación de recursos para subsidios correspondientes a 2025 cercano a $3 billones.
“Como los comercializadores deben pagar a los otros agentes que conforman la cadena de prestación, lo anterior afecta estos pagos y, por tanto, representa un riesgo sistémico que podría manifestarse no solo en un apagón financiero, sino también físico”, recalcó.
Y agregó que “el no pago de los subsidios podría, por ejemplo, representar incrementos del 150 % en las facturas de los usuarios del estrato 1″.
Ante este panorama, el sector hace un llamado urgente al Gobierno nacional para que se adopten “soluciones inmediatas” que eviten la interrupción de estos servicios públicos o mitiguen incrementos de tarifas en algunos mercados.
También pidió que se reduzca la incertidumbre en la emisión de señales para el sector y “evitar la estigmatización de las empresas de los servicios de energía eléctrica y gas natural”.
