La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Financiera de Colombia detalles sobre el seguimiento hecho por este organismo a Colpensiones y demás actores del sistema, a propósito de la implementación del nuevo modelo pensional en el país.

En aras de velar por la garantía de los derechos de los afiliados y pensionados, la delegada de Asuntos del Trabajo pidió información sobre las acciones implementadas y el cronograma de actividades a cargo de esta Superintendencia para evitar riesgos en la operatividad de la administradora de pensiones.

Para el ente de control, de no adelantarse las funciones inmediatas de inspección, vigilancia y control se pondrá en riesgo la viabilidad del sistema, los recursos, así como los derechos de los afiliados y pensionados de Colombia.

En su comunicación, la Procuraduría también señaló que “Colpensiones tardó más de 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y hoy presenta muchas fallas tecnológicas, así como, vencimientos en los términos legales para las decisiones de prestaciones económicas de aproximadamente 6 millones de afiliados”.

Tomando en cuenta además que, a esa cifra se suma el traslado de 19 millones de afiliados que implica la ley, el Ministerio Público solicitó a la Superintendencia Financiera adoptar todas las medidas, desde sus competencias, para que esta entidad pueda asumir la administración en materia pensional.

Finalmente, el órgano de control reiteró que Colpensiones no está preparada para las nuevas obligaciones contenidas en el proyecto aprobado; no tiene la capacidad técnica, logística, administrativa, ni operativa, entre otros requisitos, para asumir nuevas funciones a partir del 1 de julio de 2025”.

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