El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este martes la pena máxima -30 años de cárcel- para el grupo de personas que -aseguró- han sido detenidos por su vinculación con un supuesto plan del sector mayoritario de la oposición para sabotear el sistema eléctrico.
“Ahorita están en eso, (en una) guerra eléctrica contra los transformadores, (…) la transmisión en todo el país. Ya tenemos a varios presos (…) y yo pido a la Fiscalía que les meta 30 años por traición (a la patria) y terrorismo”, dijo el jefe de Estado en un acto con sus seguidores en una región costera en el noreste del país, transmitido por el canal estatal VTV.
Según Maduro, candidato a la reelección en las presidenciales del 28 de julio, “la derecha” pretendía llevar a cabo un “ataque al sistema eléctrico” para luego “culpar” al Gobierno y “engañar” a la población sobre el causante de las fallas en el servicio.
En este sentido, el líder chavista -en el poder desde 2013- expresó que “la derecha” representa -dijo, sin brindar nombres- “el odio, el daño y el engaño”, y reiteró su acusación contra ese sector opositor de haber pedido “las sanciones contra la economía” que “quitaron el 99 % de los ingresos al país”, para luego decir que fue “culpa de Maduro”.
El pasado junio, el jefe de Estado acusó a la oposición de preparar una “guerra eléctrica”, al verse “perdidos” en las elecciones, en las que competirá, además de Maduro y otros ocho candidatos opositores, el exembajador Edmundo González Urrutia, abanderado del principal bloque antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Entonces, el mandatario aseguró tener “información de primera mano (que no facilitó) de las conversaciones secretas de los grupos de la extrema derecha fascista” -como suele llamar a la PUD- para preparar “una ofensiva” contra el servicio eléctrico, por lo que ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) poner en marcha un plan de “patrullaje y vigilancia las 24 horas en todas las instalaciones” del sistema.
Venezuela enfrenta desde hace años fallas eléctricas, que el Gobierno achaca a ataques programados, fundamentalmente, desde Estados Unidos, a la oposición y a las sanciones internacionales. Sin embargo, expertos insisten en que esta crisis es el resultado de la falta de mantenimiento e inversión en el sistema.
