El Estado no solo debe atender sus reclamos y buscarles soluciones, sino velar por la protección de los derechos de las familias que están en el parque Santiago Canabal del municipio, resguardándose en cambuches improvisados; evitar una crisis humanitaria es el llamado del Defensor del Pueblo.
Debido al desplazamiento de alrededor de 400 personas, según cifras preliminares, desde la vereda Bocas del Manso y zonas aledañas hasta el casco urbano de Tierralta, el Defensor del Pueblo le reiteró al Gobierno Nacional coordinar acciones interinstitucionales con el objetivo de brindarles atención a los núcleos familiares que abandonaron sus viviendas de esa zona rural del centro-sur de Córdoba.
Quienes se desplazaron, que ahora mismo están resguardándose en cambuches improvisados en el parque Santiago Canabal del municipio, abandonaron sus casas, según su testimonio, porque las instituciones del Estado no les cumplieron con lo que se comprometieron luego de las denuncias sobre abusos de militares contra la comunidad.
Profesionales de la Regional Sur de Córdoba, de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y la Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, de la entidad garante de los derechos humanos, instalaron una mesa de trabajo para que los representantes de las entidades competentes y los voceros de las comunidades desplazadas (Llanos del Tigre, Palestina, Gloria 1 y Gloria 2, Sancón, Ballenas, Tucú, Gilgal, San Pablo, Bocas de Cruz y Bocas del Manso) lleguen a acuerdos que permitan superar lo que está sucediendo.
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