La Procuradora, Margarita Cabello Blanco, manifestó en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales su preocupación por 27.891 ciudadanos que no se encuentran en las bases de datos utilizadas, que corresponden a los municipios donde realizaron la inscripción para ejercer el derecho al voto.
“Dentro de nuestra vigilancia preventiva identificamos que los municipios con mayor número de ciudadanos que no corresponden a las bases de datos del municipio son: Bogotá (3.786), Cúcuta (1.251), Medellín (995), Ibagué (899) y Barranquilla (878 casos)”, agregó.
En la Comisión realizada en Cúcuta, destacó que se le debe poner toda la atención a estos posibles casos se trashumancia, debido a que dicha información está contrastada con las bases de datos del Sistema Nacional de Identificación y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), con la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud (BDUA) y el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).
Para evitar posibles delitos electorales, la Procuradora le requirió a las autoridades electorales la relación de los 1.739.105 ciudadanos inscritos, con corte al 20 de julio, para actualizar su residencia electoral para las elecciones del próximo 29 de octubre, así como de los más de 2 millones inscritos a corte de agosto de 2023.
Además, frente a posibles inhabilidades de candidatos y como representante del máximo organismo de vigilancia electoral, le solicitó al Registrador que “remita –dentro de los términos– la relación definitiva de inscritos, con el fin de realizar el cruce de la misma con la base de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) y así solicitar una posible revocatoria de inscripción”.
Seguridad en las elecciones
La Procuradora se refirió al incremento de hechos de violencia sobre la población en alguna zonas del territorio nacional, la mayoría ejecutadas por actores armados u organizaciones al margen de la ley. “Esta situación afecta el orden público y la convivencia ciudadana y, por ende, pueden incidir y afectar el derecho a la participación y el derecho a elegir y postular”.
En su intervención lamentó el caso del alcalde de La Playa de Belén, Norte de Santander, quien renunció a su cargo debido a amenazas y atentados.
“Es inadmisible, que, después de 20 años, un alcalde deba renunciar a su cargo por ver su integridad en riesgo. Parece que vamos en un retroceso en cuanto al orden público y a la seguridad en el país, especialmente en las zonas críticas que más necesitan un refuerzo en su seguridad”.
Finalmente, la Procuradora hizo un llamado al respeto por la institucionalidad colombiana y por el ordenamiento jurídico.
“En un año electoral, las instituciones del Estado deben mantener el orden y cumplir con la Constitución y la ley. No es momento de generar un caos institucional que pueda derivar en la afectación del desarrollo del proceso electoral y, en consecuencia, en la afectación de los derechos de millones de colombianos”, concluyó.
