La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 012-23 debido a una serie de acciones violentas de las que han venido siendo objeto los habitantes de los municipios de Calamar, Miraflores, El Retorno y San José (Guaviare), atribuidas a la disputa que se viene presentando por la división entre integrantes del Frente Primero Armando Ríos de las disidencias de las Farc.

Esta alerta, de hechos ocurridos en los dos primeros meses del año y la primera semana de abril, da cuenta de cómo las comunidades están sufriendo silenciosa y progresivamente violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Son nueve homicidios, un sinnúmero de amenazas y desplazamientos, la renuncia o abandono del cargo de miembros de las Juntas de Acción Comunal de estas poblaciones, extorsiones y afectaciones flagrantes a menores de edad.

“Estas acciones criminales han desencadenado graves afectaciones a la integridad, vida, libertad y seguridad de los habitantes de esta región del país, y posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Sus condiciones de vida y la precaria o inexistente presencia del Estado los hace vulnerables, en consecuencia, les pido a las autoridades locales y nacionales tomar medidas para acompañarlos y protegerlos”, es el llamado del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La Alerta Temprana registra varios hechos acaecidos en el casco urbano de San José y sus alrededores, todos en un mismo día, donde una persona fue asesinada, un joven fue víctima de un atentado con arma de fuego y un vehículo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) por poco es incinerado. También circuló un panfleto de quienes se autodenominan Frente Primero Armando Ríos Marquetalia Bolivariano, en el que son amenazados y declarados objetivo militar varios grupos de personas.

La división en dos bandos de este frente de las disidencias de las Farc ha generado que niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas y campesinas sean blanco de reclutamiento forzado. Bajo engaños o con métodos persuasivos, como préstamos de dinero, trabajo remunerado, relaciones amorosas, entre otros, son enrolados en sus filas.

“Esta práctica, de manera lamentable, está en aumento, son muchos los casos de reclutamiento forzado. Las familias de las víctimas no pueden denunciar, si lo hacen se arriesgan a perder su vida y sus bienes. Como reina el silencio, se desconoce el número real de afectados por este flagelo”, afirmó el Defensor del Pueblo.

Ante el fraccionamiento de la estructura insurgente Frente Primero Armando Ríos y su confrontación con el grupo resultante conocido como Frente Armando Ríos Marquetalia Bolivariano es factible que se incrementen las violaciones masivas de los derechos humanos.

Esta situación sigue poniendo en peligro a campesinos, indígenas, colonos, menores de edad, jóvenes, líderes sociales, defensores de derechos humanos, población excombatiente en proceso de reincorporación, como también a servidores públicos, personas que promueven y ejecutan proyectos de cooperación internacional y misiones humanitarias.

Carlos Camargo Assis ha destacado la buena voluntad del Gobierno Nacional en relación con el avance de un proceso de paz total y espera que se pueda concretar muy rápidamente, por esos mismo, exhorta a las disidencias de las Farc a que cumplan sus compromisos como grupo ilegal firmante del cese al fuego, decretado por el Gobierno a comienzos de este año.

“Es primordial adoptar las medidas correctivas necesarias, la población civil y los grupos más vulnerables no pueden verse sumidos en lo que sería una profunda crisis humanitaria. No podemos permitir más homicidios, desplazamientos forzados, reclutamientos ilícitos, ni mucho menos torturas, amenazas y extorsiones”, recalcó el Defensor del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo pudo conocer y verificar en el transcurso de las últimas semanas estos hechos de violencia, pues el Guaviare es un departamento con vastas extensiones de selva que dificultan su acceso, con población distante y casi nula comunicación.

Con el fin de que sean protegidos los derechos de la población y salvaguardadas su integridad y vida, en la Alerta Temprana de Inminencia 012-23 la Defensoría del Pueblo insta a actuar con celeridad al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, Gobernación del Guaviare, alcaldías de San José, El Retorno, Calamar y Miraflores, Unidad para las Víctimas, Unidad Nacional de Protección (UNP), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otras entidades.