“Los pobladores de La Mojana están hastiados de tanta burla frente a la falta de soluciones que se necesitan para el restablecimiento de sus derechos. Como Defensoría del Pueblo nos sumamos a los esfuerzos de los gobernadores de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia y, en los próximos días, vamos a instaurar una acción constitucional para lograr la protección y el restablecimiento de los derechos humanos de los pobladores”, anunció el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Desde el municipio de Ayapel, el Defensor del Pueblo dijo que en el territorio se ha podido evidenciar “que persisten las afectaciones en materia de salud pública; en materia de deserción escolar, porque debido a las graves afectaciones generadas por las inundaciones, a los niños les ha tocado emigrar de sus territorios; también hay una inactividad en la producción de los campesinos de esta región, que no han podido sembrar sus cosechas ni ganarse el sustento para la manutención de su familia, de manera que la preocupación es que persiste un problema de grandes proporciones”.

También se reiteró el llamado de la Defensoría del Pueblo realizado en enero pasado, en el sentido de exhortar nuevamente a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, (UNGRD), y a entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), para que se protejan y defiendan los derechos humanos de las comunidades de la región de La Mojana y se articulen de forma efectiva y pongan en marcha los planes de acción para atender la emergencia que se presenta por la ruptura del boquete del dique conocido como ‘Caregato’, generada desde el 27 de agosto de 2021.

Aunque la UNGRD ha anunciado un cambio en la estrategia de atención de la emergencia en la región de La Mojana, Carlos Camargo Assis, reiteró el llamado a su director para que se adelanten las obras de infraestructura de protección frente a las inundaciones y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los habitantes de La Mojana, quienes han visto afectados sus bienes, medios de subsistencia, salud, vivienda digna, prestación de servicios públicos, infraestructura, transporte, comunicaciones y saneamiento básico, entre otros.

En el mismo sentido, es imperioso que se valoren los diagnósticos realizados y se esclarezcan los compromisos, cronogramas y responsabilidades frente al avance de las obras necesarias para atender la emergencia, de tal forma que se implementen las acciones necesarias sin dilación alguna.

De la misma forma, la Defensoría del Pueblo exhortó a la UNGRD para que brinde respuesta oportuna y de fondo a la solicitud de información que hiciera la Defensoría del Pueblo el pasado 24 de febrero, con el fin de conocer los avances, definiciones y estrategias alrededor de la atención de la emergencia.

Se insta a la UNGRD para que, en el marco de sus competencias, maneje el desastre que vive la comunidad de La Mojana afectada por las inundaciones, de manera ágil y oportuna, teniendo en cuenta que según las predicciones climáticas del IDEAM, en el mes de abril de 2023 se intensificará la temporada de lluvias en el país.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo insiste en que es fundamental avanzar en las obras de atención de la emergencia que permita mitigar el riesgo en el corto, mediano y largo plazo, para lo cual las acciones de las entidades deben girar en torno a restablecer las condiciones de vida digna de los afectados.

“Se hace necesaria la articulación entre las entidades del orden nacional y territorial para atender las necesidades de las comunidades de los 11 municipios que conforman esa región y que pertenecen a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, que desde hace más de año y medio están a la espera del inicio de las obras necesarias para la mitigación del riesgo”, puntualizó Carlos Camargo Assis.