Tras evidenciar situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad física de los pacientes, la Superintendencia Nacional de Salud impuso en las últimas horas una medida cautelar contra la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), la cual deberá cumplir en un término máximo de 72 horas.

Con la imposición de esta medida de cesación provisional de acciones que vulneran el derecho a la salud, la institución asistencial deberá garantizar la suficiencia del talento humano requerido en la Unidad de Cuidado Intensivo Adultos, en todos los turnos, según los perfiles mínimos necesarios para la adecuada atención de los pacientes.

Según la auditoría realizada esta semana por la Supersalud, se evidenció, entre otras situaciones, que la UCI adultos no contaba con intensivista ni médico general las 24 horas. Adicionalmente, documentó fallas en la gestión de insumos, dispositivos y medicamentos en áreas críticas.

Por ello, la IPS UNA deberá garantizar dentro del mismo plazo, de 72 horas, la gestión oportuna de los medicamentos, dispositivos e insumos mínimos e indispensables para la prestación de los servicios de salud.

La auditoría realizada esta semana por la Superintendencia (6 a 10 de febrero) tuvo como objeto verificar el cumplimiento de las responsabilidades de este prestador relacionadas con financiamiento, organización administrativa y atención al usuario desde 2021 a enero de este año.

“Con fundamento en las situaciones fácticas relacionadas… se ordenará como medida cautelar a la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico, de Barranquilla, la cesación inmediata de las acciones que ha venido desplegando la institución que pone en riesgo la vida o la salud de los usuarios durante el proceso de atención”, señala uno de los considerados de la resolución 20234100200009016 del 10 de febrero de 2023.

Para verificar el cumplimiento de la medida cautelar, el representante legal de la IPS, Javier Ignacio Cormane Fandiño, deberá remitir a la Superintendencia dentro de los tres días hábiles un informe detallado sobre el trámite y resultado de lo ordenado, remitiendo los resultados documentados.

Esta decisión se remite a la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas a fin de dar inicio al proceso sancionatorio correspondiente.