La Procuraduría General de la Nación constituyó una agencia especial para que asuma la representación del Ministerio Público en el proceso que se adelanta por las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir la jueza Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Lilyan Jhohana Bastidas Huertas, al ordenar la libertad de dos jóvenes de la denominada “primera línea”, designados como gestores de paz por el gobierno.
El ente de control designó al titular de la Procuraduría 17 Judicial II Penal para que actúe en todas las etapas del proceso.
La Procuraduría requirió a varios coordinadores de Centros de Servicios Judiciales de diferentes ciudades del país, donde se adelantan procesos relacionados con la “primera línea”, comunicar al Ministerio Público la programación de audiencias cuyo fin sea resolver las peticiones de libertad de personas vinculadas, de acuerdo con las solicitudes que hace la presidencia de la República para designar voceros de paz.