El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se reunió este martes con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para revisar, entre otros temas, el avance de las acciones que el Gobierno ha venido tomando para enfrentar la conflictividad por la invasión y ocupación de tierras en varias regiones del país.
En el encuentro, tanto el Defensor del Pueblo como el Ministro de Defensa, advirtieron la importancia de trabajo interinstitucional en el marco del principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado, con el fin de lograr mayor efectividad en la respuesta del Estado para la garantía de los derechos de las comunidades en el territorio.
Al finalizar la reunión, Carlos Camargo hizo un nuevo llamado a todas las autoridades gubernamentales para que se avance con mayor agilidad en la implementación de las acciones que permitan atender los diferentes conflictos sociales relacionados con la ocupación e invasión de tierras que se vienen presentando en el país.
Manifestó que se requiere implementar rápidamente las respuestas efectivas que pongan término a las vías de hecho, toda vez que la tolerancia con las ocupaciones ilegales de tierras y predios privados, que desbordan el marco de lo estrictamente legal, están aumentando y en consecuencia de ello se eleva la conflictividad social en el país.
“Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos la disposición para seguir acompañando los espacios de diálogo en las regiones y a servir de garantes de los acuerdos. Por lo pronto, activamos un comité permanente de seguimiento con 14 de nuestros regionales, para verificar y constatar en el territorio la vulneración a los derechos humanos en el marco de la conflictividad por la tierra”, agregó Carlos Camargo.
Para la Defensoría del Pueblo resulta claro que existe un carácter diferencial entre las ocupaciones ilegales, pues mientras algunas son de base social y requieren de medidas concertadas con las comunidades, otras tienen orígenes diferentes a las justas reivindicaciones sociales y se nutren de intereses asociados a economías ilícitas. Estas últimas ameritan respuestas contundentes para proteger los derechos de los campesinos y evitar el recrudecimiento de la violencia en los territorios.
En ese sentido, y como se acordó en la mesa nacional para la superación de la conflictividad social por la ocupación de tierras, convocada por la Defensoría del Pueblo el pasado 7 de septiembre, es indispensable adelantar un trabajo articulado de toda la institucionalidad del Estado, en cabeza del Gobierno Nacional, junto con gobiernos municipales y departamentales, en aras de atender eficazmente esta situación y evitar su escalamiento.
La Defensoría del Pueblo, como garante del goce efectivo de derechos de todos los colombianos, reitera su disposición de mediación y acompañamiento a los espacios de diálogo que sean necesarios entre la institucionalidad y las comunidades para lograr, urgentemente, salidas concertadas.
