Los 38 inmuebles afectados durante un operativo contra las finanzas de organizaciones criminales están ubicados en Bogotá y Cundinamarca y tienen un valor comercial cercano a los 380 mil millones de pesos.
El Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) participaron en el procedimiento.
Las autoridades investigan la posible relación de estas propiedades con actividades de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando.
¿Qué propiedades hacen parte del operativo?
Entre los 38 inmuebles afectados aparecen fincas, apartamentos, bodegas, parqueaderos y locales comerciales.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, 21 propiedades están ubicadas en Bogotá.
Los otros 17 inmuebles se encuentran en diferentes municipios de Cundinamarca.
La Fiscalía adelanta los procesos judiciales correspondientes para establecer el origen de los recursos utilizados en la adquisición de las propiedades.
Además, las autoridades buscan determinar quiénes aparecen como propietarios o beneficiarios de los bienes.
Medidas cautelares sobre los inmuebles
La Fiscalía impuso medidas cautelares sobre las propiedades dentro de procesos de extinción de dominio.
Estas medidas buscan evitar que los propietarios transfieran, vendan o dispongan de los bienes mientras avanzan las investigaciones.
El proceso también permitirá establecer si los inmuebles tienen relación directa con organizaciones criminales transnacionales.
Las autoridades analizarán documentos, movimientos financieros y demás elementos incorporados a las investigaciones.
La operación forma parte de las acciones contra las estructuras económicas de organizaciones dedicadas a actividades ilegales.
Con estos procedimientos, las autoridades buscan identificar y afectar los recursos que utilizan las organizaciones criminales para mantener sus operaciones.
¿Qué sigue en el proceso?
Los 38 inmuebles afectados permanecerán bajo las medidas cautelares mientras avanzan los procesos correspondientes.
La Fiscalía deberá presentar las pruebas necesarias para determinar el origen de los bienes y su posible relación con actividades ilícitas.
El proceso de extinción de dominio definirá posteriormente la situación jurídica de cada propiedad.
Las autoridades también continuarán las investigaciones para establecer si existen otros bienes relacionados con las estructuras investigadas.
El operativo representa una nueva acción contra las finanzas de organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país.
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