La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las
Organizaciones Criminales y el CTI, obtuvo abundante material de prueba para lograr la judicialización de 20 supuestos integrantes de una red sicarial de la estructura disidente de las FARC ‘Segunda Marquetalia’.
La investigación da cuenta de que este grupo ilegal sería el responsable de varios homicidios selectivos ocurridos durante el último año en zona de frontera con Ecuador. Asimismo, se estableció que estaría involucrado en extorsiones, tráfico de migrantes, tráfico de estupefacientes y violentas confrontaciones con otras organizaciones ilegales.
Ocho de los procesados son ciudadanos venezolanos, quienes habrían sido encargados de
extender el actuar criminal de la red a distintas poblaciones de la provincia de Carchi, en
Ecuador. Entre los detenidos están Jackson Yair Murillo López, alias El Flaco, presunto cabecilla de zona; y Deriam Alexis Ortíz Barcue, alias Alambre, señalado de manejar los dineros producto de las rentas ilícitas.
Estos dos hombres, junto con una mujer identificada como Kelly Betsabe Osorio Ferrer,
habrían participado en, por lo menos, cuatro asesinatos ocurridos a finales de 2021, en
distintos puntos de Ipiales (Nariño).
Captura y judicialización
En diligencias realizadas de manera articulada con el Ejército Nacional y la Policía Nacional
fueron capturadas estas 20 personas. En los procedimientos se incautaron cuatro pistolas, un revólver, proveedores y cartuchos de diferentes calibres, chalecos antibalas, tres granadas de fragmentación, 16 teléfonos celulares y ketamina, un anestésico veterinario que es utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los
detenidos, según el rol o posible participación, delitos como: homicidio agravado, concierto
para delinquir agravado, extorsión; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Seis de ellos aceptaron los cargos.
Por disposición del juez de control de garantías todos los procesados recibieron medidas de
aseguramiento privativas de la libertad. 18 en establecimiento carcelario y dos en el lugar de residencia.
