En el encuentro, la Procuraduría expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, su gestión en lo relativo a la garantía de los Derechos Humanos, las funciones preventiva, disciplinaria y de intervención judicial de la entidad, durante el marco de la protesta social que inició el pasado 28 de abril en el país.
Dichas actividades han tenido los ejes estratégicos de:
– La garantía de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos (quienes protestan y quienes deciden no hacerlo).
– El esclarecimiento de los hechos contrarios al orden jurídico y la búsqueda de la verdad para que los involucrados en los actos contrarios a las normas respondan.
– Propender por el diálogo social como estrategia para la construcción de acuerdos entre los distintos actores (estatales y de la comunidad) que permitan dar una solución a la problemática.
En este sentido con corte a 7 de junio se adelantan 172 acciones disciplinarias que buscan la garantía de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Así como el esclarecimiento de los hechos que involucran violaciones a los Derechos Humanos.
Asimismo, se han constituido 53 Agencias Especiales y se designó una comisión de procuradores judiciales penales para que intervengan de manera permanente en el curso de los procesos penales que adelanta la Fiscalía General de la Nación, así como la Justicia Penal Militar.
Informe actuaciones disciplinarias:
– Se adelantan 143 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública, con ocasión de sus intervenciones en los actos de protesta. De estas, cuatro (4) son investigaciones disciplinarias, y las demás son indagaciones preliminares.
– Ocho (8) expedientes contra otros funcionarios públicos, entre ellos: investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Defensoría del Pueblo por presunta obstrucción de procedimiento de policía. Y una indagación al gerente de la ESE Hospital San Joaquín del municipio de Nariño (Antioquia) por manifestaciones públicas contra manifestantes.
– 20 actuaciones se adelantan contra funcionarios públicos de elección popular por posible incumplimiento de sus deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, con ocasión de la actuación que funcionalmente les es exigible de cara a las actividades de protesta, detalladas así:
-Tres (3) congresistas son investigados disciplinariamente: Dos miembros del Senado y una integrante de la Cámara de Representantes.
– Nueve alcaldes: Cartagena(dos indagaciones), Pasto, Cali, Pereira, Neiva, Medellín Villavicencio (7 con indagaciones preliminares); y Paipa, Zipaquirá (2 con investigaciones disciplinarias).
– Una indagación preliminar al Gobernador del Magdalena.
-Seis (6) Concejales: cada uno perteneciente a los siguientes municipios y distritos: La Tebaida – Quindío, Bogotá DC, Girón Santander, Ipiales – Pasto y Guarne -Antioquia, (estos 5 en indagación preliminar). Y una (1) investigación disciplinaria contra concejal de Riosucio (Caldas).
